Urbanismo y movilidad

¿Dónde estamos?

Pasado más de un año desde la constitución del gobierno municipal de Ahora Madrid, es posible hacer un balance provisional del grado de cumplimiento, en materia de urbanismo y movilidad, tanto del programa de Ahora Madrid como del Pacto contra la Especulación firmado por AM y PSOE con los colectivos sociales agrupados en la Plataforma No Este Plan (ahora Plataforma por el Derecho a la Ciudad).

En el lado positivo hay que señalar el definitivo abandono de la Revisión del Plan General comenzada por el PP, la paralización o reformulación profunda de algunas de las operaciones urbanísticas especulativas más importantes heredadas de gobiernos anteriores (Operación Chamartín, Plaza de la Cebada, Ermita del Santo, Nueva Centralidad del Este), la firmeza mostrada en el cumplimiento de la legalidad urbanística (algo no menor tras varios lustros de atropellos constantes) en casos como las Cocheras de Cuatro Caminos, o el compromiso de abordar la reformulación de los megalómanos Desarrollos del Sureste (cerca de 100.000 viviendas previstas en Vicálvaro y Villa de Vallecas), aún por verificar. Se ha detenido la enajenación masiva de solares públicos y se ha cambiado el criterio respecto de la monetización del 10% del aprovechamiento, que ahora se está exigiendo a los promotores que lo entreguen en forma de parcelas urbanizadas, sobre las que luego se podrían edificar viviendas públicas. Se ha lanzado un plan de ayudas públicas a la rehabilitación de viviendas en los barrios más deteriorados. Se está recuperando la inversión en la mejora del espacio público, especialmente en los distritos más periféricos, y se vuelven a instalar elementos como fuentes, bancos o aseos públicos, que se encontraban en peligro de extinción en esta ciudad.

Con un balance ambivalente se situarían la reconducción de la operación Mahou-Calderón, que se reformula con mejoras evidentes para la ciudad pero también para unos promotores a los que se les ha viabilizado una operación que resultaba inviable económicamente y estaba muerta en los tribunales. También es el caso del Edificio España, en el que se ha adoptado una postura pretendidamente equilibrada entre las posiciones de los colectivos patrimonialistas, vecinales y ecologistas, que recurrieron la descatalogación parcial del edificio aprobada por Ana Botella, y las exigencias de sumisión del grupo inversor Wanda, a las que es cierto que no se ha cedido. Respecto de la Operación Campamento, se aprobó una moción genérica de apoyo al Corredor Ecológico del Suroeste, sin que se hayan dado pasos efectivos dentro de las competencias municipales para modificar el planeamiento, ni se tenga una posición firme frente a la pretensión de Defensa de vender los terrenos públicos. La intención de aprobar el convenio de gestión de la primera fase del PAU de Los Berrocales (parte de los Desarrollos del Sureste), aunque aplazada temporalmente, resulta incoherente con la mencionada promesa de abrir un proceso transparente y participado de reformulación de todo el Sureste.

En el lado claramente negativo, hay que mencionar la pusilanimidad, el continuismo o la falta de valentía (en algunos casos simplemente la incompetencia o el autismo político) al abordar algunas de las operaciones urbanísticas (que frecuentemente incluyen desprotección del patrimonio y cambios especulativos del uso) que se encontraban ya muy avanzadas al cambiar el gobierno. Es el caso de Canalejas, Plaza Río 2, los cines Roxy, el Estudios Buñuel, varios supermercados Mercadona, el casco histórico de Hortaleza, y un caso emblemático en el que hay que detenerse, el Taller de Precisión de Artillería o TPA de Chamberí. La evitable aprobación de un Plan Parcial que implicaba la destrucción del patrimonio histórico y la posibilidad de obtención de suelo público para la ciudad, que era rechazada por los colectivos sociales y las bases de AM en el distrito, provocó la ruptura de la unidad de voto de los concejales de AM en el Pleno. La crisis que produjo el TPA sin embargo ha tenido efectos positivos en la evolución posterior de la política urbanística municipal, al sentir por primera vez una presión fuerte pero de sentido contrario a la de los grandes agentes económicos y mediáticos.

Este balance resultaría muy insuficiente si no se abordan dos cuestiones que atraviesan todas las demás: cómo se toman las decisiones y qué modelo alternativo de ciudad se está perfilando, si es que se perfila alguno.

Las decisiones, pese al mantra de la participación y la transparencia, se siguen tomando por regla general de manera opaca y tecnocrática, incluso cuando son más correctas o valientes. La comunicación de las mismas tiende a ser propagandístico-mediática y, pese a cierta mejoría en los últimos meses, es a menudo prisionera del marco conceptual del enemigo (espantar/atraer inversiones, seguridad jurídica, crear empleo, lenguaje tecnocrático, etc). No se ha desarrollado, como se prometía en el programa, ninguna auditoría pública de las operaciones urbanísticas heredadas (las cuentas de las operaciones, los costes de las posibles indemnizaciones en caso de reversión, etc). Lo más que se ha llegado es a evaluaciones internas sin publicidad y sin participación, que han servido de base para desestimar, reformular o aprobar algunas de esas operaciones. En el mejor de los casos se ha acompañado el proceso de reformulación de las operaciones de mesas de participación (generalmente por invitación, y metodológicamente pobres) o de las llamadas “audiencias públicas”, éstas sí, abiertas. Evidentemente es un avance con respecto al PP, pero queda muy lejos de las expectativas y de las promesas del programa. El proceso más emblemático de “participación” en materia urbanística, la reforma de la Plaza de España, puede calificarse de negativo, al utilizar un proceso supuestamente participativo que ha sido rechazado por la mayoría de los colectivos sociales implicados y que tiene enormes defectos metodológicos pero sobre todo políticos, al servir en última instancia para legitimar decisiones ya tomadas.

En cuanto al modelo de ciudad, se podría afirmar que, en propiedad, no existe un modelo alternativo. Más allá de respetar la legalidad y lograr un reparto más equilibrado de los beneficios entre lo privado y lo público frente a la rapiña anterior, no se ha abordado ni el modelo territorial, ni la regulación de los usos, en última instancia, el “a qué nos vamos a dedicar como ciudad”. No hay una previsión (¿quizá ni siquiera una reflexión?) de modificación de la regulación de la actividad inmobiliaria en la ciudad consolidada frente a las dinámicas de terciarización y turistización de la almendra central. Al renunciar a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1997, y ni siquiera abordar al menos una modificación profunda de algunos de sus aspectos, no está habiendo ningún tipo de perspectiva global sobre el proyecto de ciudad, más allá de estrategias y acciones parciales o sectoriales. Ni sobre la extensión territorial de la ciudad y la protección de su entorno natural, ni sobre la industria, las oficinas, el modelo comercial, etc.

Además del balance de la acción del gobierno municipal, es necesario pensar cómo está el movimiento, las fuerzas sociales que luchan por el derecho a la ciudad: sus efectivos, su grado de organización, sus redes y alianzas, su actitud respecto del Ayuntamiento, su voluntad movilizadora o cierta confianza delegativa, etc.

¿Qué queremos?

La exigencia de que se cumplan plenamente el programa electoral de Ahora Madrid y el Pacto contra la Especulación. Esto implica que las batallas aún abiertas en varias operaciones urbanísticas se salden con victorias, que se aborde la revisión de las que aún no se han abordado, pero que todo esto se haga de manera diferente a este primer año largo: que se realicen de manera efectiva esas auditorías públicas y que se democratice realmente la toma de decisiones, aunque quizá no esté tanto en el “participacionismo” la respuesta, sino en el reconocimiento de la legitimidad de la intervención de la sociedad organizada en esas políticas, ya sea a través de medios consensuales o conflictivos.

En lo concreto se abren varias batallas clave este curso: la resolución de la Operación Chamartín, en la que una postura valiente del Ayuntamiento debe concretarse en un plan realmente alternativo y no en un repliegue frente a la ofensiva mediática e institucional desatada por el BBVA; la consecución de una propuesta alternativa para las Cocheras de Cuatro Caminos que garantice su protección y las zonas verdes de calidad para el barrio, o en su defecto la reversión de la venta de los terrenos por parte de Metro; conseguir que no se demuela el TPA mientras avanza el recurso judicial que permitiría la anulación de la operación y la posibilidad de obtener la manzana para usos públicos conservando el patrimonio histórico; avanzar en una reformulación de los Desarrollos del Sureste que empiece por una auditoría pública de los mismos, sin aprobar mientras tanto el convenio de gestión de Los Berrocales; y el inicio de acciones encaminadas a proteger de manera efectiva el Corredor Ecológico del Suroeste, modificando el planeamiento de la Operación Campamento, fijando el destino y uso público de los cuarteles y evitando su venta a manos privadas por el Ministerio de Defensa.

Es necesario también que se aborde el problema creciente de la presión turístico-comercial en la almendra central de la ciudad, así como los procesos de gentrificación, con instrumentos políticos, jurídico-urbanísticos, económicos, culturales, etc. También hace falta avanzar hacia un nuevo modelo de ciudad que de momento no se vislumbra por ninguna parte (extensión territorial y protección del entorno natural, distribución de usos y actividades, política de vivienda digna de tal nombre, reorganización radical de la movilidad más allá de las medidas de emergencia, etc).

¿Cómo lo conseguimos?

El objetivo fundamental del encuentro municipalista respecto del eje de urbanismo y movilidad sería acordar una hoja de ruta común entre colectivos y plataformas, priorizando los objetivos, para trabajar sobre ella dándole continuidad en el tiempo y ampliando las alianzas hasta donde sea posible.

Esa continuidad podrá toma la forma de más encuentros y de campañas que no renuncien al repertorio clásico de movilización y acción colectiva (difusión, debate, manifiestos y artículos, marchas y concentraciones, asambleas, acciones directas, etc), pero que exploren también las potencialidades de las alianzas con los espacios críticos dentro de las instituciones (apelando a los cargos electos a que defiendan el programa y los compromisos suscritos), así como con la posibilidad de utilizar cuando sea conveniente los mecanismos de participación que la institución municipal está desplegando (foros locales, participación digital, mesas sectoriales, etc) o de deslegitimarlos cuando así se considere (como en el caso de Plaza de España).

Reflexionar sobre la conveniencia u oportunidad de utilizar determinados canales de participación abiertos por el Ayuntamiento para hacer avanzar los objetivos: límites y potencialidades de los mismos, etc.

Hacer una reflexión más general sobre el concepto de “participación” en el marco del urbanismo y el derecho a la ciudad: quizá no se trate tanto de dispositivos concretos que “ofrece” una institución, como de la posibilidad real de modificar las políticas desde fuera de la institución (ya sea mediante el ‘consenso’ o mediante el conflicto y la presión externa clásica). El ejercicio de la crítica pública y la desprivatización de los debates, sin esconderse en la complejidad técnica, jurídica o económica de los mismos, es clave. Para ello hay que exigir la puesta a disposición del público de información suficiente y veraz por parte de las instituciones (auditorías públicas, ciudadanas) para la toma de decisiones.

En definitiva se trata de debatir cómo salir del impasse o la movilización reactiva y pasar a una agenda compartida de ofensiva para acelerar, llevar más allá los cambios y avanzar hacia la irreversibilidad de los mismos.

MOVILIDAD:

Movilidad peatonal:
Es la gran defraudada, no solo subre con los carriles bici sino que se manteiene los agravios tradicionales, como la estructura de los cruces en U, copiar picadilly circus en Goya no es mas que una propuesta, y en cualquier caso, un fenomenos aislado, que podria ocultar

Movilidad en TP:
En el centro, Metro y EMT cubren el expediente decentemente. A día de hoy aunque todavía no se han recuperado las frecuencias que tenía Metro antes de la crisis, el servicio ha mejorado bastante respecto a lo que teníamos hace un par de años en cuanto a fiabilidad. Aun así, no es raro tener que esperar más de 7 minutos a un tren de Metro y que los trenes sigan haciendo larguísimas paradas en las estaciones por culpa de SIRAT. En líneas como TFM la demanda se ha recuperado a niveles de antes de la crisis y sin embargo los trenes ahora cuentan con un coche menos, con la merma de capacidad que ello implica en horas punta. La EMT en cambio tiene un servicio bastante bueno, con buenas frecuencias (excepto en verano) y líneas que no dan demasiados rodeos. El ayuntamiento ha cerrado recientemente el contrato para renovar parte de la flota de autobuses y irán entrando en servicio a lo largo de los próximos años. El poco tráfico de Agosto demuestra que el autobús puede ser muy rápido y que el resto del año si no fuese por los constantes atascos y el poco respeto de los conductores funcionaría realmente bien, dejando en evidencia la necesidad de más carriles bus y mayor control de la policia sobre las dobles filas que obstaculizan a los autobuses y generan situaciones de peligro.

Para moverse fuera de Madrid, Cercanías sigue funcionando bajo mínimos y en un servicio que deja bastante que desear, falta personal por lo que a la mínima se suprimen trenes y las incidencias son frecuentes. La puntualidad tampoco es su fuerte, pero por lo menos sigue siendo rápido y los usuarios frecuentes ya conocemos los retrasos habituales. La sensación que da Cercanías es de que todas las mejoras programadas están pospuestas indefinidamente hasta que haya gobierno.

Los buses interurbanos por su parte prestan un servicio fiable y puntual (menos cuando hay atascos en las entradas a Madrid). La mayoría de la flota es nueva y bastante cómoda (aunque muchos buses todavía no son accesibles para PMR), así que si no fuese por las frecuencias y lo difícil que es entender cómo funciona su red y los billetes de otros medios de transporte fuese válidos en ellos, serían mucho más utilizados.

El 25 de Septiembre se celebro el encuentro Desborda Madrid.

Uno de los Ejes fue Urbanismo y Movilidad, adjuntamos el Acta con la conclusiones del encuentro.

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